En defensa de la universidad pública ante la propuesta de Ley del Espacio Madrileño de Educación Superior

Recientemente se ha hecho público el primer borrador de anteproyecto de Ley del Espacio Madrileño de Educación Superior (LEMES). Mucho es lo que hay que analizar en él. Dado que el 4 de mayo tenemos elecciones a rector en la UAM, es importante que la comunidad universitaria conozca de antemano el análisis y la postura que cada candidato defenderá en la Conferencia de Rectores de las Universidades Madrileñas (CRUMA). A tal fin, el próximo miércoles 19 de abril, entre las 11.30 y las 12.30, he convocado una sesión de exposición y debate en la sala de conferencias (módulo 0) de la Facultad de Ciencias.

En mi opinión, bajo la apariencia de modernidad, de espacios de cooperación público-privada, el borrador de LEMES contiene una simple apuesta por la universidad privada. Resalto algunos datos normativos:

Conforme al art. 50.1 e) LEMES, las universidades privadas forman parte -como hasta ahora conforme al Decreto madrileño 243/1999- del Consejo Universitario de la Comunidad de Madrid. Pero resulta que en el borrador de LEMES las funciones de coordinación, evaluación y control del Consejo Universitario se multiplican e intensifican. Y esto supone que las universidades privadas participan, a través del Consejo Universitario, en el control de las universidades públicas (sic).

Las universidades privadas pueden acceder a la “financiación variable”, en su modalidad de convocatorias competitivas o de incentivos, de la Comunidad de Madrid. No lo dice expresamente el art. 85 LEMES, pero si el apartado IX de la Exposición de Motivos. Vista la tradicional ajeneidad de la Comunidad de Madrid respecto de sus universidades, no es mucho lo que se puede esperar de esta financiación variable en términos cuantitativos. Pero lo llamativo ahora es que se abre la posibilidad de que las universidades públicas y privadas compitan por la financiación variable de la CAM. Se abre así la puerta a una posible financiación pública de las universidades privadas, que pasarían a ser, a la postre, una especie de “universidades concertadas”: pagadas por todos, pero sólo para unos pocos. La cuestión es tanto más grave si tenemos en cuenta que las universidades públicas no pueden competir en condiciones de igualdad en convocatorias conjuntas. Las universidades públicas, en tanto que entidades del sector público, se someten a múltiples límites y controles (de empleo público, retribuciones, presupuestarios, contables, de contratación) que no rigen sistemáticamente para las universidades privadas. Con lo que, en última instancia, la concurrencia conjunta se parece más bien a una carrera de 1.500 metros en los que las universidades públicas siempre corren por las calles exteriores, y las privadas por las interiores (y sabemos que así es muy difícil ganar).

También, el borrador de LEMES (art. 55.1 d) prevé que la evaluación de las universidades (de todas, públicas y privadas) se pueda hacer a través de agencias de evaluación privadas (y previamente acreditadas). Con esto ya tenemos cerrado el círculo: una universidad privada encarga a una agencia de evaluación privada (a cambio de precio) la evaluación de su rendimiento. ¿De verdad alguien ha pensado que esto es asumible?

Y ya por último. Uno podría pensar que lo mismo que el EMES comparte los beneficios, también socializa los deberes. Pues no. Mientras que las universidades privadas forman parte del EMES, no se incorporan al distrito único que prevé el anteproyecto LEMES (art. 111). De manera que la movilidad de estudiantes que aporta el distrito único (la posibilidad de cursar semestres o asignaturas en distintas universidades de la CAM sin necesidad de traslado de expediente) en ningún caso va a permitir que el estudiante de una universidad pública curse una asignatura o semestre en una privada. Vista la realidad actual de las universidades privadas, esto no es una pérdida reseñable. Pero sí lo es la imagen de fondo: las universidades privadas son clubes cerrados, aunque financiados por todos.

Que cada uno juzgue. En mi opinión, la posición política de la UAM debería ser -a lo sumo- la defensa de un “Espacio Madrileño de Educación Pública Superior”. Lo demás son fuegos de artificio para distraer de una realidad más sencilla: la financiación pública de las universidades privadas.

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